Reforma Laboral

El sábado, 18 de Septiembre de 2010, se publicó en el BOE la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercando de trabajo, procedente del Real Decreto-ley 10/2010 de 16 de junio. Esta ley presenta los siguientes elementos como los más importantes:

1. Despedir será más fácil y más barato y se subvencionará a las empresas por ello. La reforma posibilita:

Transformar despidos que hasta ahora eran improcedentes en procedentes. El despido objetivo procedente supone una indemnización de 20 días por año, con un tope de 12 mensualidades. El improcedente (no justificado) es libre, pero no gratuito (supone 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades). Se amplía la vía para que los despidos sean considerados objetivos. La redacción abre las posibilidades tanto para el despido por causas económicas como para los despidos por causas técnicas, organizativas, o productivas. Anteriormente, para que la empresa pudiera conseguir un despido objetivo con una indemnización barata (20 días por año y un máximo de 12 mensualidades) tenía que demostrar que existía realmente una situación económica negativa y que los despidos eran necesarios para la supervivencia de la actividad. Ahora basta con documentar pérdidas actuales o previstas, o bien por una caída en el nivel de ingresos, aunque haya beneficios. Por otra parte, los simples cambios técnicos, organizativos o productivos para la mejora de la empresa, en vez de justificar reorganizaciones departamentales, cambios de funciones con la formación correspondiente o ajustes horarios, como hasta ahora, pasan a ser causa de despido.

El preaviso del despido objetivo pasa de ser de 30 días a 15 días. Con esta medida, en caso de incumplimiento empresarial ahorran 15 días de indemnización.

Despido improcedente más barato. Si en despido objetivo no pagan la indemnización inmediatamente o en la carta de despido objetivo no se indican con detalle las causas y la justificación del mismo, será despido improcedente si el empleado demanda. Antes era nulo con readmisión obligatoria.

Las faltas de asistencia al trabajo, como causa de despido. Con la reforma las ausencias se computarán con un índice de absentismo total de plantilla del centro superior al 2,5% cuando hasta ahora era del 5%. Esta medida va a reducir las bajas médicas de menos de veinte días de duración, es decir, que una persona con gripe, catarro, bronquitis u otras dolencias asista igual al trabajo ante el miedo a ser despedida por causas objetivas.

Se extiende el contrato de fomento de la contratación indefinida (CFCI) que pasa a ser el “contrato tipo”. La diferencia radica en que el CFCI tiene una indemnización por despido improcedente de 33 días por años trabajado (en lugar de los 45 días del ordinario) con un tope de 24 meses (42 en el contrato ordinario). Además, con sólo reconocer la improcedencia del despido la empresa ahorra los salarios de tramitación y, por si fuera poco, en caso de despido objetivo declarado improcedente o reconocido como tal por el empresario, el FOGASA subvenciona 8 días. Por lo tanto, la empresa en vez de pagar 33 días por año, pagará realmente 25 y aún ahorra los salarios de tramitación.

El Fogasa (fondo de garantía salarial) asumirá de la cuantía a indemnizar en caso de despido, 8 días por año en aquellos despidos procedentes de los contratos indefinidos, además de los improcedentes de los CFCI. De esta forma las empresas sólo pagarán en concepto de indemnización 12 días de los 20. El FOGASA existe desde hace años para que el Estado pague las indemnizaciones y salarios de los empleados cuya empresa no puede pagar y por supuesto, era el juez quien decía en una sentencia que la empresa era insolvente. Este fondo se nutre con cotizaciones empresariales pero dado que las empresas sólo cotizan un 0,20%, el Estado está manteniendo el FOGASA a través de sus propios presupuestos, así que esta subvención a los despidos la pagamos entre todos.

Además, se creará el denominado Fondo de Capitalización para los Trabajadores (sin que suponga más cotizaciones sociales para las empresas). La cuantía que cada trabajador o trabajadora tenga en dicho fondo servirá para minorar la indemnización que tendría que pagar la empresa en caso de despido.

2. Ataque a la negociación colectiva, facilitando que las empresas paguen menos que lo que marcan los convenios e impulsando que se puedan realizar sin acuerdo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

La reforma supone un ataque frontal a la negociación colectiva. Son dos los aspectos a destacar:

Se aumenta la flexibilidad laboral decidida por la empresa, a la hora de realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Hasta ahora en las empresas no se podían modificar las condiciones establecidas en los convenios colectivos de ámbito superior a menos que hubiera causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, y hubiera acuerdo con la representación del personal. Pero ahora, se amplían las materias sobre las que ese acuerdo puede vulnerar lo pactado en convenio colectivo.

Se refuerza aún más la cláusula de descuelgue salarial, abriendo la posibilidad de que no se cumpla el convenio en materia salarial. El llamado “descuelgue salarial” (congelación del sueldo o no aplicación de las subidas) por dificultades económicas ya existe en el Estatuto de los Trabajadores desde hace años. La diferencia es que ahora no es necesario que la empresa tenga una situación económica negativa, sino sólo que sus perspectivas económicas pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación (salarial), afectando a las posibilidades de empleo en la misma.

3. Introducción de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y extensión del papel de las ETTs

Se legaliza las agencias de colocación con ánimo de lucro, que no sólo van a realizar funciones de intermediación laboral, sino que al suscribir un convenio con los Servicios Públicos tendrán competencias que afectan directamente a las prestaciones por desempleo. Estas agencias van a disponer de información de carácter personal de los desempleados y dado que sus servicios los van a pagar las empresas, una agencia tendrá más éxito en la medida en que cumpla con las expectativas de sus empresas, con lo que no se garantiza que se vaya a prestar una igualdad de trato a la hora de proporcionar cualquier curriculum. Es por ello, que los sindicatos han alzado su voz diciendo que se van a generar parados de primera y de segunda.

Se amplía el campo de actuación de las ETTs, permitiendo su actuación en sectores de los que hasta ahora estaban excluidas por razones de seguridad y salud por ser de especial peligrosidad (construcción, minería, trabajos con riesgos eléctricos de alta tensión, etc), así como en la Administración Pública lo que implica la supresión de las bolsas de empleo público y contratando sin someterse a las garantías de igualdad, mérito y capacidad, salvo en aquellas “tareas reservadas a Funcionarios públicos.”

Por otra parte se aumenta el control sobre las personas en paro, rebajando de 100 a 30 días el período en que una persona puede rechazar la asistencia a un curso de formación.

1.

Medidas que difícilmente va a favorecer el empleo de los jóvenes.

Estas medidas van dirigidas no tanto a facilitar la contratación de éstos sino a facilitar a las empresas los costes de la impartición de la formación, sin que se haya querido entrar en la regulación de la generalizada utilización de becarios en las mismas.

En este sentido, las medidas, salvo excepciones (asegurar el SMI en el segundo año del contrato para la formación y mayor protección social que no incluye a los alumnos de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo), conllevan aspectos críticos.

Respecto al contrato en prácticas, se amplía de cuatro a cinco años y se considera como distinta titulación el grado, el máster y el doctorado con el objetivo de conseguir que una misma persona pueda estar seis años en prácticas en distintas empresas o en la misma empresa cambiando de puesto de trabajo, en lugar de tener un contrato ordinario.

En los contratos para la formación el límite de edad (mayores de 16 y menores de 21) se eleva a 25 (menores de 25).

Por todo ello, se puede producir una cadena de contratos para la formación y contratos en prácticas que mantenga a una persona vinculada al mundo laboral mediante una sucesión de contratos formativos en lugar de tener los contratos ordinarios pertinentes.

2.

Recorte de la prestación por Incapacidad Temporal y la privatización de su gestión.

Se reducirán las cotizaciones por contingencias comunes a las empresas que reduzcan los costes de la I.T. por debajo de los límites establecidos, o fijen planes de modificación y mejoren las condiciones de trabajo, flexibilicen el cambio de puesto de trabajadores afectos de enfermedad común y controlen el absentismo injustificado.
Los inspectores médicos antes de transcurrir los 12 meses de IT podrán emitir alta médica a todos los efectos. Si el parte de alta se ha emitido por el propio INSS o el ISM sólo estos podrán cursar un nuevo parte de baja por la misma o similar patología en los siguientes 180 días siguientes. Anteriormente a la reforma, el alta médica era competencia del Servicio Público de Salud.

Fuentes: Ley 35/2010, Real Decreto-ley 10/2010, http://www.sindikatua.org, belligerans.org, laboro-spain.blogspot.com, “Impacto de la reforma laboral en las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación” Sheila Duval Hernández.

Anuncios

Acerca de chiclanatomalaplaza

Ciudadanos de Chiclana convencidos de la necesidad de un cambio social profundo
Esta entrada fue publicada en Documentos. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s